El desarrollo del área metropolitana de Panamá se ha visto enmarcado en un crecimiento poco planificado, en donde el mercado inmobiliario es la principal fuerza que impulsa el desarrollo urbano, siendo el rol de la legislación bastante pobre y desprovisto de herramientas efectivas de planeación, ejecución y control. Este desarrollo, explosivo y discontinuo, propio de los últimos 60 años ha generado una estructura lineal en 3 direcciones diferentes que se caracteriza por usos residenciales en la periferia y la actividad laboral principal en el centro del AMP. Esta situación converge en que los habitantes diariamente se
enfrentan a dificultades en su movilidad, con largos recorridos a los centros de trabajo y estudio, así como saturación de las pocas vialidades existentes y altos costos del suelo urbano.

Se han desarrollado en los últimos años proyectos puntuales para coadyuvar en la mejora de las condiciones de movilidad para un sector del AMP, en especial los distritos de Panamá y San Miguelito, en los cuales se ha implementado el sistema de MetroBus y la primera línea de Metro, asimismo, se han llevado a cabo esfuerzos en la definición de una política de movilidad entre los que se puede resaltar el estudio financia por el Banco Mundial que se denomina “La Movilidad Urbana en el área metropolitana de Panamá, Elementos para una política integral”.

En este contexto, la Secretaria de Metro de Panama, reconvertida luego en Metro de Panama S.A. contrato a través de la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo el estudio denominado “Plan integral de movilidad urbana sustentable para el área metropolitana de Panamá”, que tiene como principal objetivo el plantear la política de transporte y movilidad urbana para la ciudad, con estrategias y planes de acción a corto, mediano y largo plazo, considerando todos los componentes del sistema de movilidad urbana, en estrecha vinculación con las políticas de ordenamiento territorial y medioambientales, y en coordinación con los distintos organismos involucrados en dichas
políticas

A poco más de dos años de haber iniciado el proceso para la preparación del Plan Energético Nacional (PEN 2015-2050) han ocurrido hechos importantes, nacional e internacionalmente, que modifican el panorama energético nacional y hace necesaria la actualización de las políticas propuestas por la Secretaría Nacional de Energía (SNE).

Se destacan, en primer lugar los esfuerzos realizados por la inversión privada en ampliar la capacidad de generación del país, especialmente con fuentes renovables, como la hidroeléctrica, la energía del viento y la solar; indicando confianza de los inversionistas, nacionales y extranjeros, en la solidez económica y la estabilidad política del país.

La descarbonización de la matriz energética, como pilar esencial del PEN, necesaria para lograr una economía baja en carbono, parece ir por buen camino. Hoy más de 2/3 de la generación de electricidad proviene de fuentes limpias principalmente por
los aportes de la hidroenergía. El país cuenta también con el parque eólico más grande de la región, y la generación solar, aunque todavía muy modesta, comienza a despagar rápidamente. Factor clave de esta tendencia es la disminución en los precios de estas nuevas tecnologías, las cuales entran a competir en condiciones pares con las energías convencionales. Ante estos cambios, no cabe duda que el país vela por cumplir con los compromisos adquiridos con el Acuerdo de París y la lucha contra el cambio climático.

Esta Ley establece los lineamientos generales de la política nacional para el uso racional y eficiente de la energía en el territorio nacional, fomentando la competitividad de la economía nacional, facilitando la adopción de políticas promoviendo líneas de financiamiento, desarrollando y propagando productos economizadores de energía promoviendo técnicas y tecnologías nuevas y ficientes en el consumo energético y prácticas eficientes en el proceso productivo y en el uso de equipos consumidores de enregía que resulten ecocómicamente factibles.

La ciencia ha advertido que pronto el mundo experimentará una crisis climática sin precedentes en la historia causada por la acción humana, a menos que acciones transformadoras sean tomadas a escala global.
Chile se ha comprometido con la acción climática de manera decidida y ambiciosa. Durante el 2020 actualizó su Contribución Determinada a Nivel Nacional y se comprometió a ser carbono-neutral al 2050, siendo el único país en vías de desarrollo en hacerlo y uno de los pocos del mundo en comenzar a tramitar una Ley Marco de Cambio Climático. El cumplimiento de ambos objetivos requerirá de acciones transformadoras en su sociedad y su economía.

 

La forma en que la energía se produce y consume en el mundo deberá experimentar cambios radicales. Tres cuartas partes de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta corresponden a este sector, principalmente producidas por el uso de combustibles fósiles. En Chile ya se ha iniciado una ruta a la eficiencia energética y a la
electrificación usando energía renovable. Sin embargo, es necesario desarrollar soluciones complementarias para descarbonizar sectores y aplicaciones en las que la electricidad directa u otras soluciones no son costo-eficientes, confiables, accesibles o factibles.

La Ley 13.755, que pasó a conocerse como “Ruta 2030”, es una remodelación del extinto programa de incentivos Inovar Auto. Inovar Auto preveía una reducción significativa del IPI en la venta del vehículo, permitida solo cuando el fabricante de automóviles cumplía una serie de obligaciones ligadas, fundamentalmente, a invertir en I + D + i, cumplir con el Programa de Etiquetado de Vehículos y alcanzar ciertos niveles de eficiencia energética.

Rota 2030 sigue una línea estratégica similar, pero el foco principal es impulsar proyectos de I + D en toda la cadena del sector. Así, el programa se extendió a los sectores de autopartes y sistemas estratégicos para la producción de vehículos, no limitándose únicamente a los fabricantes de automóviles.
Las pautas del programa son:

  • Establecer requisitos obligatorios para la venta de vehículos en Brasil;
  • Aumentar la eficiencia energética, el rendimiento estructural y la disponibilidad de tecnologías de asistencia;
  • Incrementar las inversiones en I + D + i en el país;
  • Estimular la producción de nuevas tecnologías e innovaciones;
  • Automatizar el proceso de fabricación y aumentar la productividad;
  • Promover el uso de biocombustibles y formas alternativas de propulsión y mejorar la matriz energética brasileña;
  • Garantía de formación técnica y cualificación profesional en el sector de la movilidad y la logística;
  • Garantía de expansión o mantenimiento del empleo en el sector de la movilidad y la logística

La política energética que sustenta el VII Plan Nacional de Energía 2015-2030 (PNE) está inspirada en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante” (MIDEPLAN, 2014), así como en las orientaciones del Plan de Gobierno del presidente Solís Rivera.

Las principales orientaciones para el sector electricidad que se consideran en dicho plan son: introducir cambios en el Sistema Eléctrico Nacional para elevar la efciencia energética, el ahorro y lograr un mejor manejo de la demanda eléctrica; estimular el desarrollo de la generación distribuida y el autoconsumo de electricidad; actualizar el marco jurídico e institucional especializado en promover la efciencia energética; mejorar los métodos de cálculo de las tarifas de electricidad y elevar la efciencia de la gestión de las entidades públicas del
sector electricidad.

La política energética también incorpora –entre otras– las siguientes orientaciones relacionadas con el sector de transporte: promover sistemas efcientes de transporte colectivo que sean ambientalmente más limpios y mitiguen los
efectos del calentamiento global; promover el uso de combustibles alternativos en el sistema de transporte para disminuir la dependencia de los hidrocarburos y la emisión de gases contaminantes y mejorar las normas para la importación de vehículos nuevos y usados para estimular el rendimiento energético y la reducción de la contaminación.

El Plan Nacional de Transporte Eléctrico (PNTE) tiene como objetivo promover la transición hacia una mayor participación de las energías renovables en la matriz energética nacional, mediante la electrificación del transporte en todos sus modos, en busca de mejorar la calidad del aire en zonas urbanas, aspecto que se verá reflejado directamente en la salud humana y lograr impactos en la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) contribuyendo así con las políticas de descarbonización del país. Para este propósito es necesario integrar los esfuerzos de diferentes actores en el sector público, en el sector privado y la sociedad civil.

El desarrollo del transporte eléctrico responde a las políticas energéticas contenidas en el VII Plan Nacional de Energía (PNE), al compromiso país de avanzar hacia la descarbonización de la economía establecido en el Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) y en la Contribución Nacionalmente Determinada
de Costa Rica (NDC, siglas en inglés).

Proyecto de Ley

Altera a Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos automotores e dá outras providências, para dispor sobre a vedação a comercialização e a circulação de automóveis movidos a combustíveis fósseis.