El desarrollo del área metropolitana de Panamá se ha visto enmarcado en un crecimiento poco planificado, en donde el mercado inmobiliario es la principal fuerza que impulsa el desarrollo urbano, siendo el rol de la legislación bastante pobre y desprovisto de herramientas efectivas de planeación, ejecución y control. Este desarrollo, explosivo y discontinuo, propio de los últimos 60 años ha generado una estructura lineal en 3 direcciones diferentes que se caracteriza por usos residenciales en la periferia y la actividad laboral principal en el centro del AMP. Esta situación converge en que los habitantes diariamente se
enfrentan a dificultades en su movilidad, con largos recorridos a los centros de trabajo y estudio, así como saturación de las pocas vialidades existentes y altos costos del suelo urbano.

Se han desarrollado en los últimos años proyectos puntuales para coadyuvar en la mejora de las condiciones de movilidad para un sector del AMP, en especial los distritos de Panamá y San Miguelito, en los cuales se ha implementado el sistema de MetroBus y la primera línea de Metro, asimismo, se han llevado a cabo esfuerzos en la definición de una política de movilidad entre los que se puede resaltar el estudio financia por el Banco Mundial que se denomina “La Movilidad Urbana en el área metropolitana de Panamá, Elementos para una política integral”.

En este contexto, la Secretaria de Metro de Panama, reconvertida luego en Metro de Panama S.A. contrato a través de la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo el estudio denominado “Plan integral de movilidad urbana sustentable para el área metropolitana de Panamá”, que tiene como principal objetivo el plantear la política de transporte y movilidad urbana para la ciudad, con estrategias y planes de acción a corto, mediano y largo plazo, considerando todos los componentes del sistema de movilidad urbana, en estrecha vinculación con las políticas de ordenamiento territorial y medioambientales, y en coordinación con los distintos organismos involucrados en dichas
políticas

A poco más de dos años de haber iniciado el proceso para la preparación del Plan Energético Nacional (PEN 2015-2050) han ocurrido hechos importantes, nacional e internacionalmente, que modifican el panorama energético nacional y hace necesaria la actualización de las políticas propuestas por la Secretaría Nacional de Energía (SNE).

Se destacan, en primer lugar los esfuerzos realizados por la inversión privada en ampliar la capacidad de generación del país, especialmente con fuentes renovables, como la hidroeléctrica, la energía del viento y la solar; indicando confianza de los inversionistas, nacionales y extranjeros, en la solidez económica y la estabilidad política del país.

La descarbonización de la matriz energética, como pilar esencial del PEN, necesaria para lograr una economía baja en carbono, parece ir por buen camino. Hoy más de 2/3 de la generación de electricidad proviene de fuentes limpias principalmente por
los aportes de la hidroenergía. El país cuenta también con el parque eólico más grande de la región, y la generación solar, aunque todavía muy modesta, comienza a despagar rápidamente. Factor clave de esta tendencia es la disminución en los precios de estas nuevas tecnologías, las cuales entran a competir en condiciones pares con las energías convencionales. Ante estos cambios, no cabe duda que el país vela por cumplir con los compromisos adquiridos con el Acuerdo de París y la lucha contra el cambio climático.

Esta Ley establece los lineamientos generales de la política nacional para el uso racional y eficiente de la energía en el territorio nacional, fomentando la competitividad de la economía nacional, facilitando la adopción de políticas promoviendo líneas de financiamiento, desarrollando y propagando productos economizadores de energía promoviendo técnicas y tecnologías nuevas y ficientes en el consumo energético y prácticas eficientes en el proceso productivo y en el uso de equipos consumidores de enregía que resulten ecocómicamente factibles.

Actualización de la NDC de Panamá

Consecuente con su compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector transporte, que según números recientes representan el 23.7% de las emisiones de Panamá[i], el Gobierno Nacional de Panamá avanza en el fortalecimiento de medidas encaminadas a la adaptación y mitigación al cambio climático.

Es este sentido, a mediados del 2018, el Ministerio de Ambiente y la Secretaria Nacional de Energía solicitaron al
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente), a través de su oficina para América Latina y el Caribe, la colaboración para el desarrollo de una Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. Esta solicitud se concretó, gracias al apoyo de Euroclima+. La estrategia tiene como objetivo potenciar y unificar los programas desarrollados por el Gobierno y el sector privado para enfrentar los desafíos que imponen los temas de movilidad y calidad de vida en las ciudades del país, a través de la movilidad eléctrica. Aunado a una visión integral que busca mejorar la movilidad mejorando y promoviendo el uso del transporte público y facilitando la movilidad por medios no motorizados.