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El Plan Estratégico Nacional de Movilidad Eléctrica surge como parte de los objetivos principales de la conformación
de la mesa de trabajo en energía alternativa de transporte, la cual da respuesta al compromiso
país asumido en la declaración y el llamado a la acción de París sobre la movilidad eléctrica y el cambio climático
(COP21), con el fin de reducir en un 25% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), al 2030.

Los propósitos de la mesa de trabajo en energía alternativa de transporte, además, están articulados en el
Plan de Movilidad Urbana del Gran Santo Domingo (PMUS), elaborado para responder a las necesidades de
movilidad de las personas, de los negocios en la ciudad y sus entornos, para garantizarles una mejor calidad
de vida actual y futura.

Consecuente con su compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector transporte, que según números recientes representan el 23.7% de las emisiones de Panamá[i], el Gobierno Nacional de Panamá avanza en el fortalecimiento de medidas encaminadas a la adaptación y mitigación al cambio climático.

Es este sentido, a mediados del 2018, el Ministerio de Ambiente y la Secretaria Nacional de Energía solicitaron al
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente), a través de su oficina para América Latina y el Caribe, la colaboración para el desarrollo de una Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. Esta solicitud se concretó, gracias al apoyo de Euroclima+. La estrategia tiene como objetivo potenciar y unificar los programas desarrollados por el Gobierno y el sector privado para enfrentar los desafíos que imponen los temas de movilidad y calidad de vida en las ciudades del país, a través de la movilidad eléctrica. Aunado a una visión integral que busca mejorar la movilidad mejorando y promoviendo el uso del transporte público y facilitando la movilidad por medios no motorizados.

El mundo avanza decididamente hacia una electrificación de la economía, específicamente del transporte. Esto debido a su injerencia en el cambio climático, su alto consumo de combustibles fósiles y a la urgente necesidad de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y de contaminantes que afectan la salud de la población y deterioran la calidad del aire.

Actualmente, la penetración de Vehículos Eléctricos (VE) en la flota mundial es relativamente baja  (apróximadamente cinco millones de vehículos eléctricos entre más de ochenta millones de vehículos).
Sin embargo, se espera que para el año 2040 el 57% de las ventas globales sean de vehículos eléctricos, representando el 30% de la flota total (Bloomberg, 2019). Esto debido principalmente a la paridad de precio y al despliegue de la infraestructura de carga, que son los principales puntos de inflexión para la adopción de los vehículos eléctricos.

Un tercio del consumo energético final en Chile corresponde al sector transporte y, de esta fracción, el 98% corresponde a derivados del petróleo (Balance Nacional de Energía 2015), volviéndolo responsable de cerca de un 20% del total de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del país además del impacto local por polución que ese consumo produce en las concentraciones urbanas.

Esta situación plantea la necesidad urgente de implementar políticas públicas que apunten a un uso eficiente de la energía en el sector transporte para reducir los efectos en el medioambiente, pero también para disminuir la dependencia de Chile de combustibles importados y la vulnerabilidad que ello tiene aparejado.